Por Juan Pablo Ojeda
En el Congreso se abrió un nuevo frente que toca directamente el bolsillo de la gente: qué tan fácil puede el gobierno congelar una cuenta bancaria. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, puso sobre la mesa una iniciativa que busca ponerle freno a decisiones que, según advierte, hoy pueden afectar a ciudadanos sin suficientes garantías.
La propuesta va al punto central: que ninguna autoridad pueda congelar cuentas bancarias si no hay de por medio un juez. En pocas palabras, se busca que esta medida deje de depender de decisiones administrativas y pase por un proceso judicial donde se evalúen pruebas y se respete el derecho de defensa.
Para entenderlo fácil, hoy una cuenta puede ser bloqueada con base en información de inteligencia financiera, pero sin que necesariamente exista una resolución judicial previa. Lo que plantea el PRI es cambiar esa lógica: que primero haya revisión de un juez y después, si hay elementos sólidos, se autorice el congelamiento.
El argumento detrás es la protección de derechos básicos como la presunción de inocencia. Moreira advierte que, en algunos casos, las personas se enteran de que su dinero está congelado hasta que intentan usarlo, sin aviso previo ni oportunidad inmediata de defenderse.
Por eso, la iniciativa también propone reglas más claras: que existan al menos dos elementos objetivos y comprobables para justificar la medida, que la información provenga de fuentes institucionales confiables y que la persona afectada tenga mecanismos para responder legalmente.
El tema no es menor, porque aquí chocan dos prioridades del Estado. Por un lado, el combate al crimen organizado, donde congelar cuentas puede ser una herramienta clave para frenar el flujo de dinero ilícito. Por otro, la necesidad de evitar abusos o errores que terminen afectando a personas inocentes.
El propio legislador lo reconoce: no se trata de quitar herramientas a las autoridades, sino de usarlas con mayor precisión. Es decir, que el congelamiento sirva para prevenir delitos, no como un castigo anticipado sin pruebas suficientes.
Además, la propuesta también tiene un componente económico. Dar certeza jurídica —como se le llama en política pública— es fundamental para inversionistas y empresas. Si existe el riesgo de que una cuenta sea bloqueada sin reglas claras, eso puede generar desconfianza en el sistema financiero.
En el fondo, lo que se discute es hasta dónde puede llegar el poder del Estado sobre los recursos de las personas y bajo qué condiciones. La iniciativa busca equilibrar esa balanza: mantener el combate al delito, pero sin dejar en el camino los derechos de quienes no han cometido ninguno.
La discusión apenas arranca, pero pone sobre la mesa un tema que puede impactar a cualquiera que tenga una cuenta bancaria en México.
